Mientras los ciudadanos nos acostumbramos a vivir presos y los responsables de la inseguridad a vivir en la impunidad, hay algo en el debate social que no parece correctamente revelado. Cuando quienes deben aportar las soluciones son la razón central del problema, está claro que las respuestas que puedan aparecer no son otra cosa que puestas en escena. Los legisladores bonaerenses que no acompañamos la creación de cuerpos policiales municipales, entendemos que son justamente los intendentes y sus vínculos malsanos con el aparato policial de cada municipio los mayores responsables del desborde criminal que se padece en el Conurbano especialmente, narcotráfico incluido.
El gobernador Daniel Scioli es, en este esquema, el titiritero garante. Administrador de los fondos provinciales que financian la Bonaerense, es el dueño también de los ojos ciegos que hacen falta para que los caciques del Conurbano cierren el círculo de sus negocios propios. Scioli deja hacer, no a cambio de nada.
Barrabravas, punteros que nacieron en el momento en que la militancia política se reemplazó por cuadrillas rentadas a disposición de cualquier servicio, fuerzas policiales que pactan con los intendentes el reparto de la ganancia neta de los negocios locales de la prostitución, la droga, el juego clandestino y la noche; son un combo explosivo que se termina, primero, asumiendo la verdad de la situación. No nos confundamos: no hay responsabilidad por omisión, sino por acción directa. No hay funcionarios inútiles, sino interesados. No hay un gobernador tolerante y respetuoso, sino cínico, que sabe que el statu quo que el PJ construyó a lo largo de estos 26 años, es un fenomenal aparato de asistencia mutua entre el delito y su propio sostén en el poder.
Se habla de “zonas liberadas”, pero parece que no se analiza quien es el que tiene el poder de liberarlas, y lo hace. Quilmes, mi distrito, tiene barrios donde la muerte y el narcotráfico dominan el escenario a metros de avenidas cabecera. El secretario de Seguridad que tuvimos allí hasta hace meses, era un comisario exonerado de la fuerza. En estas manos se pretende poner nuevos cuerpos con uso de fuerza pública. Cualquier vecino sabe en que punto de las villas Los Eucaliptus o Los Alamos, se vende droga. Quien la vende, a que precio, como. También en que boliches del centro quilmeño hay venta de estupefacientes. Lo sabe porque todo se hace a una simple vista impune. Si el vecino lo sabe es porque mucho antes lo han sabido el poder político y la estructura policial.
La primera víctima que tiene el análisis sobre la seguridad es la verdad. Y la verdad es que los dueños de la explotación de los negocios que tiñen a los barrios de muerte tienen nombres propios con sello, escritorio y sueldo público. A ellos se pretende darle más estructura.
Ni a Scioli ni a los intendentes les interesa la inseguridad porque parte de lo que los sostiene se financia con ella. Las víctimas son el efecto colateral de un negocio que las estructuras del PJ no están dispuestas a cortar, se llamen estas Kirchnerismo, Frente Renovador, o como circunstancialmente se los bautice frente a una urna y un turno electoral.
Fernando Pérez- Diputado provincial por la Tercera Sección Electoral (UCR)
